Huelga jueces madrid

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Mariano Fernández Bermejo hizo el anuncio en una rueda de prensa en la que no quiso hacer una valoración de la huelga convocada por varias asociaciones judiciales porque dijo no tener aún datos completos sobre la misma.

Afirmó que la huelga de jueces no está justificada porque una medida de este tipo no entra en el marco de la judicatura española, y subrayó que «está bastante claro que es desproporcionada».

Unos 2.200 jueces, más del 62 por ciento del total, se sumaron a la huelga, según los organizadores. Madrid, donde el 50 por ciento de los magistrados se adhirió, y Barcelona y Valencia, ambas con un 60 por ciento, fueron las ciudades con mayor porcentaje de jueces que siguieron la huelga.

Las reivindicaciones de los huelguistas abarcan la colocación de nuevas tecnologías en la sala de vistas, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable para cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar del juez y el aumento de sueldo.

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La crisis de los controladores aéreos españoles comenzó el 3 de diciembre de 2010 cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero declaró la tasa 0 forzando un Bloqueo Nacional de Navegación Aérea [1] y presentando a los controladores aéreos de los aeropuertos españoles (y de otras dependencias) como si estuvieran en huelga salvaje coordinada. A raíz de ese cierre patronal, el Gobierno español autorizó a las fuerzas militares españolas a escoltar a los controladores aéreos para que siguieran operando en un total de ocho aeropuertos, incluidos los dos principales del país, Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat[2].

En la mañana del 4 de diciembre, el gobierno declaró el «Estado de Alerta», haciendo que los controladores volvieran a trabajar supervisados por las fuerzas militares y bajo la ley militar, en lugar de la civil[3].

La medida del Gobierno español se produjo tras un año de disputa con los controladores aéreos y la autoridad aeroportuaria española Aena sobre las condiciones de trabajo, los horarios y los beneficios. Según algunas fuentes,[4] los controladores aéreos podían ganar hasta 350.000 euros al año, una afirmación que ha sido muy discutida[5], lo que hizo que los controladores no recibieran muchas simpatías en España. El mismo día del cierre patronal, el Consejo de Ministros español aprobó los planes de privatización parcial de Aena[2].

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, se ofreció a sentarse con el Gobierno nacional para elaborar una nueva serie de medidas «sensatas» de un día para otro, para que queden claras antes del próximo fin de semana festivo en España.

Dijo que se levantarían las restricciones a los desplazamientos por los límites de la capital y los suburbios afectados para «evitar más confusión», pero pidió a los residentes que no viajaran durante el fin de semana festivo.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Argelia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que el Gobierno estudiaría todos los recursos para hacer frente a la situación en Madrid, que lidera la segunda ola de la pandemia en Europa.

Al finalizar el estado de alarma, y a petición de muchos gobiernos locales y partidos de la oposición, Sánchez entregó las llaves de la respuesta del país ante el coronavirus a los gobiernos regionales.

Las restricciones del Gobierno, introducidas el 2 de octubre, supusieron que alrededor de 4,5 millones de personas que vivían en Madrid y en las ciudades satélites afectadas ya no pudieran salir de sus municipios para salvarse por razones esenciales y tuvieran que limitar las reuniones sociales a seis personas.

LIGA DE CAMPEONES DEL CAF

DIEZ años después de la huelga de 2010 que provocó el cierre de ocho grandes aeropuertos españoles, dejando tirados a más de 300.000 pasajeros, los trabajadores responsables han comparecido ante los jueces de Madrid para responder por sus acciones.

La huelga de dos días comenzó el 3 de diciembre de 2010, cuando los controladores aéreos españoles abandonaron sus puestos en una disputa sobre los horarios de trabajo, dejando a los aeropuertos en caos en vísperas de la Navidad y haciendo que los militares españoles intervinieran y tomaran el control de los cielos.

La huelga fue la culminación de más de un año de discusiones entre los controladores y el gobierno español y la autoridad aeroportuaria AENA, debido a que los controladores superaban regularmente el horario máximo de trabajo gracias a la «regla de diciembre» implantada por el entonces ministro de Fomento, José Blanco.

En un acuerdo privado con la fiscalía, 126 de los 133 trabajadores han admitido la responsabilidad de sus cargos y han aceptado hacerse cargo de las pérdidas económicas de los pasajeros en forma de indemnización de 1.000 euros por cada uno de los 15.190 que presentaron una denuncia oficial, más 150 euros por los gastos ocasionados.

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