EXPERIENCIA DEL FESTIVAL SANGYAW | CIUDAD DE TACLOBAN
El Parlamento de Galicia aprobó, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2000, la remisión a las Cortes Generales de la propuesta de Declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, que incluía los archipiélagos de las islas Cíes, Ons y Salvora.
La protección de estos archipiélagos se inició en los años ochenta con la declaración, mediante el Real Decreto 2497/1980, del Parque Natural de las Islas Cíes por sus características singulares de flora, fauna y paisaje. Posteriormente, la Junta de Galicia elaboró el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Islas Atlánticas, aprobado por el Decreto 274/1999, de 21 de octubre, en el que además de las Islas Cíes se incluyeron los archipiélagos de Ons y Salvora, con el fin de preservar la integridad de los ecosistemas presentes en estas islas.
Por otra parte, la existencia de valores naturales, culturales y etnográficos de gran interés en el archipiélago de Cortegada, situado en la ría de Arosa, puesta de manifiesto en el proceso de elaboración del Plan de Recursos Naturales de este espacio natural, aconseja la ampliación de los límites propuestos para incluir dicho archipiélago en el Parque Nacional.
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Nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados El 9 de abril de 2022, el Boletín Oficial del Estado español publicó la Nueva Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que tiene como objetivo fomentar la economía circular mediante la revisión de la normativa existente en materia de residuos y suelos contaminados. La nueva Ley introduce, entre otras medidas, restricciones a determinados productos de plástico de un solo uso, la revisión del marco que regula la responsabilidad ampliada del productor de residuos, la revisión y actualización del régimen de inspección y sanción, la creación del Inventario Estatal de Descontaminación Voluntaria de Suelos Contaminados y dos nuevos impuestos en el sistema tributario español: el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el vertido, incineración y coincineración de residuos. La nueva Ley entró en vigor el 10 de abril de 2022, excepto el Título VII («Medidas fiscales para el fomento de la economía circular»), que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
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La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados introduce un nuevo impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, y la incineración y coincineración de residuos, que sustituye a los impuestos ya implantados en algunas comunidades autónomas. El nuevo impuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Además, en el futuro también habrá que analizar la legislación autonómica que les sea aplicable en cada situación, dado que se otorgará a las autoridades autonómicas una cierta potestad normativa.
21 พฤษภาคม ค.ศ. 2022
Nuestra práctica se centra en la representación de los intereses de nuestros clientes frente a la actuación de las autoridades gubernamentales que afectan a diferentes ámbitos y sectores económicos, mediante un amplio conocimiento de todo tipo de conflictos que puedan surgir de la actividad gubernamental en todos sus niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Trabajamos con nuestros clientes en el análisis de la regulación propuesta o recientemente introducida y su impacto en su negocio, y en el diseño de estrategias y propuestas para representar y proteger los intereses de nuestros clientes frente a dicha regulación. También trabajamos con nuestros clientes para proteger y representar sus intereses frente a la actuación de las diferentes agencias y ramas del gobierno federal y local, incluso en relación con los procedimientos de licitación pública e internacional, la solicitud y revocación de licencias y permisos, y la imposición de multas y otras sanciones administrativas.
Hemos representado a nuestros clientes en procedimientos de derecho administrativo y acciones de revisión constitucional ante los tribunales federales, derivados de la actividad de los reguladores federales de finanzas, telecomunicaciones, transporte, medio ambiente y sanidad. Asimismo, representamos con frecuencia a nuestros clientes en procedimientos de derecho administrativo en materia de propiedad intelectual.
